Por amenazas de las partes acusadas y hasta de sus propios clientes, abogados que ejercen en Tijuana han dejado de litigar casos penales, que han llegado hasta la ejecución de profesionales del Derecho.
«Tienes que enfrentar a la contraparte de tu cliente, pues por los expedientes tienen acceso a tus datos personales, tus teléfonos y hasta tu domicilio, y tienes que enfrentar hasta a tu defendido -explica el licenciado Víctor, quien pide reserva en el manejo de su identidad-. La parte acusada te amenaza si les imponen una sentencia alta, y tu defendido te amenaza si considera que la sentencia no fue lo suficientemente elevada».
Si tu cliente es la parte acusada -agrega-, te amenaza porque le impusieron 2 o 3 años de prisión cuando que por los delitos cometidos pudo haber sido sentenciado a 5 o 7 o más años, pero no queda conforme con tu trabajo».
Otra profesional, presidenta de un colegio de abogadas, relata que «te dicen que le van a hablar al Muletas o a otros jefes del narco en la ciudad y te tienes que poner firme, yo les contesto: no te molestes, yo misma le voy a llamar, porque quieren causarte miedo».
Y no es para menos: el 15 de febrero del pasado 2023 fue ejecutado el abogado Víctor Hugo López Ramírez, quien llevaba la defensa de Miguel y Omar Treviño Morales “El Z-40” y “El Z-42”, líderes del grupo delictivo Los Zetas, así como de David López Jiménez, «El Cabo 20», autor material del crimen del fotógrafo Margarito Esquivel.
Su representación legal era de primer nivel pues estaba acreditado como abogado de los hermanos en los juicios de extradición a Estados Unidos.
López Ramírez fue ejecutado por sicarios de una célula del crimen organizado, uno de los cuales fue detenido tras esconderse en la sucursal de una tienda de membresías tras perpetrar la ejecución en la Zona Río, una de las áreas comerciales más exclusivas de la ciudad, donde el abogado comía.
El 22 de marzo de 2023 fue baleado en su domicilio un abogado adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, quien recibió diversos impactos de bala en el pecho y abdomen cuando un sujeto descendió de un vehículo BMW y abrió fuego en su contra con un arma 9 milímetros.
El abogado sobrevivió a sus heridas, mientras que los dos sicarios fueron capturados y confesaron ser parte de un grupo delictivo denominado «Los Chinolas» -como se conoce a los sinaloenses en esta frontera-, y que un capo del narcomenudeo le pagó por ejecutar al profesional del Derecho.
El 18 de noviembre del mismo año, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) fue blanco de un ataque armado por lo que abogados como Alexander Bazán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, consideró que hay temor entre los profesionales del ramo por acudir a estas instalaciones.
Estan queriendo dar un mensaje de que ellos pueden más que nosotros y que nosotros nos tenemos que anticipar a estos hechos delictivos”, declaró.
No obstante, no solo la práctica del Derecho penal representa riesgos para los profesionistas del ramo: el 3 de noviembre del 2021 una abogada fue privada de la libertad en el estacionamiento de los Juzgados Civiles, donde pese a los gritos de auxilio de los testigos, cuatro hombres la subieron a una camioneta, donde la víctima fue localizada con vida horas después.
Otro abogado, Gerardo Wilfrido Trujillo Barraza, perdió la vida el 23 de julio del año pasado, cuando se encontraba en sus oficinas de la Plaza Patria, donde fue estrangulado.
Trujillo Barraza se dedicaba a llevar casos de compraventa de terrenos, así como fianzas y seguros.
Con estos casos registrados a lo largo del año pasado, los abogados iniciaron este 2024 rechazando llevar juicios penales, por lo que han optado por especializarse en juicios civiles y otros que aunque les generen menos ingresos, signifiquen menos riesgos.